Una situación poco común, pero a veces recurrente, es la integración activa de las empresas que conforman el mercado de los videojuegos con el escenario político de la nación donde operan, se trata pues de una combinación detonada, generalmente, por el surgimiento de algún factor, hecho o iniciativa público-política que puede afectar el estado del negocio. Como es el caso de Activision y el Senado de los Estados Unidos, ante un proyecto - iniciativa que involucra el estudio de juegos de videojuegos violentos y sus repercusiones en sus consumidores y la sociedad misma.
Resulta que ha salido a la luz pública que los chicos de Activision han contratado los servicios de la compañía Akin Gump Strauss Hauer & Feld, un grupo de gestores especializados en cabildeo, para que intervengan en una iniciativa legislativa que busca investigar el impacto de los videojuegos violentos, para en razón de los resultados de este estudio, generar nuevas políticas públicas y leyes en la materia. Obviamente, lo que le conviene al mercado en ese aspecto es que las cosas se mantengan como están.
La iniciativa S. 134, titulada "Acta de investigación de contenidos violentos", ha sido creada con la colaboración de la Academia Nacional de Ciencias para "estudiar el impacto de videojuegos violentos y programación en niños", intentando definir si existe alguna conexión, entre violencia de estos títulos y la programación de conducta agresiva en los infantes. El estudio, de acuerdo a su descripción, busca encontrar si existen características actuales o emergentes que produzcan un impacto especial en los infantes, enfocados al factor de interacción entre el usuario y el sistema de juego, que producen una experiencia "personal y vívida de violencia".
Desde el 30 de julio esta iniciativa fue mandada al senado y se encuentra en proceso de ser revisada y/o aprobada. La intervención de Activision con este grupo de cabildeo es, como lo hacen otras empresas en un escenario similar que pueda afectar su mercado, el de lograr que estos gestores logren un consenso y convencimiento por separado entre los legisladores, para que voten de acuerdo a los intereses de la empresa que los contrató, en este caso Activision. A pesar que el Washington Post ha hecho público el asunto, tanto los gestores como Activision se han negado a comentar al respecto.
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